Juan Fajardo ha acusado al Gobierno gallego de "denigrar" y "criminalizar" a los perceptores de la Renda de integración Social de Galicia (Risga) al entregarles un documento en el que se incluye como obligación que "no pueden ejercer la mendicidad y la prostitución", lo que considera "absolutamente lamentable"

"Poner en el reverso de la concesión de una Risga que no puedes ejercer la prostitución es lo mismo que si en el acta de diputado del presidente de la Xunta, en la parte de atrás, pusiera que se le recomienda a usted que no pasee con narcotraficantes, se le recomienda que no se quede con dinero público, se le recomienda que no tenga cuentas en Suiza", ha censurado.
Asimismo, el diputado de AGE ha cargado contra que "el nivel de control y seguimiento que se le hace a una persona por recibir 400 euros de ayuda es mucho más brutal que el nivel de control y seguimiento que se hace a cualquier cargo público que maneja millones de euros de la administración".
A modo de ejemplo ha puesto que cualquier perceptor de la Risga "debe tener accesible su vivienda a las inspecciones que se le hagan para controlar que hace un uso adecuado" de esa ayuda, "pero, en cambio, los cargos públicos no tienen que abrir su vivienda para comprobar que se adecúan al nivel de vida que le dan sus salarios públicos".
Por otra parte, AGE ha informado de que va a presentar una batería de solicitudes de información a la Consellería de Traballo e Benestar porque "se están dando cuestiones muy graves" en lo tocante a contratación de personas con Risga.
Sobre esta cuestión, Fajardo se ha referido a un programa que "se anunció a bombo y platillo" para la contratación de perceptores de la Risga en ayuntamientos con el fin de facilitar su inclusión social, pero "son contratos sin derechos, que no generan ni cotizaciones ni derechos futuros de pensión".
En lo tocante a estos contratos "basura", Fajardo cree que "institucionalizan la opresión y explotación" de los perceptores de la Risga porque "en ningún lado se dice" cuáles son los empleos que pueden facilitar su inclusión social, y "la mayoría de los ayuntamientos" los usan "para explotarlos en brigadas de limpieza municipal".
Según lamenta Fajardo "se está explotando" a los perceptores de la Risga para que los alcaldes de turno cubran sus vergüenzas" de cara a "la campaña electoral municipal". Todo ello, bajo "clientelismo", ya que la Xunta no puso "ningún criterio" para definir "quién tiene derecho a este contrato", por lo cual "queda a criterio del caciquismo". En concreto, ha acusado de esta situación de forma expresa a la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, y a la directora xeral de Familia, Amparo González.
Finalmente, ha alertado de que si una persona es contratada por un ayuntamiento que "le explota" y se niega a seguir en su puesto, "automáticamente" pierden también el derecho a prestación.