¿Como empieza todo?
Los dueños del grupo de restaurantes La Raza denuncian que los directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce le habían pedido comisiones ilegales en nombre de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. En las cintas grababas se habla por primera vez del pago de una comisión a cambio de otorgar una subvención para la creación de una escuela de hostelería. La investigación saca a la luz la presencia de varios 'instrusos' en la lista de trabadores beneficiados por las jugosas prejubilaciones subvencionadas por la Junta en el ERE de Mercasevilla, y es a raíz de éstas cuando la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla,Mercedes Alaya, decide investigar el ERE de Mercasevilla así como otros los expedientes de regulación de empleo (ERE) de otras empresas financiados igualmente con fondos públicos concedidos por el Gobierno andaluz.
EL MUNDO de Andalucía destapó el escándalo de los ERE, primero cuando publicó que la Junta había financiado el ERE de Mercasevilla de manera ilegal" y, a continuación, cuando denunció que la Junta llevaba "diez años pagando prejubilaciones de manera ilegal".
Se conoce como 'fondo de reptiles' a la partida 31L de los presupuestos de la Junta de Andalucía. De esa partida se pagaban las subvenciones a las empresas y a los trabajadores para que se prejubilaran con una especie de compensación, en algunos casos, muy generosa, a través de las denominadas 'ayudas sociolaborales'. Fue el ex director general de Empleo, Javier Guerrero, el que en una declaración ante la Policía Nacional en diciembre de 2010 se refirió a esa partida como un "fondo de reptiles" del que, al parecer, se sacaba dinero a discreción sin mayores controles. Estamos hablando de una cantidad de fondos que podría rondar los 700 millones de euros.
Fue el propio gobierno de Manuel Chaves el que se encargó de que esas subvenciones a empresas y trabajadores eludieran los protocolos ordinarios legales. Para ello, el entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera, y el también ex consejero Antonio Fernández, que entonces era presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), firmaron un convenio para darle aspecto de normalidad jurídica a un procedimiento extraordinario que en la práctica suponía saltarse todos los protocolos formales. Se firmó el 17 de julio de 2001.
El Gobierno de Griñán, que invalidó el convenio dos años después de que saltara el escándalo, sigue sosteniendo hoy mismo que el procedimiento utilizado era legal. Sin embargo, el que fuera interventor de la Junta advirtió en varias ocasiones de
las irregularidades que se amparaban bajo el convenio. Y lo hizo, internamente, hasta cinco años antes de que estallara el escándalo, con varios informes remitidos entre otros al consejero de Economía y Hacienda, que por aquel entonces era José Antonio Griñán. Al respecto Manuel Gómez ha llegado a afirmar: "El procedimiento violentó los más elementales princios de objetividad, publicidad, transparencia y rigor financiero que deben presidir el actuar de la Administración".
Continuará....
las irregularidades que se amparaban bajo el convenio. Y lo hizo, internamente, hasta cinco años antes de que estallara el escándalo, con varios informes remitidos entre otros al consejero de Economía y Hacienda, que por aquel entonces era José Antonio Griñán. Al respecto Manuel Gómez ha llegado a afirmar: "El procedimiento violentó los más elementales princios de objetividad, publicidad, transparencia y rigor financiero que deben presidir el actuar de la Administración".
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