Leo con indignación que el Ministerio de Justicia, que funciona (por decir algo) como una vieja cafetera y que con frecuencia llega siempre tarde, ha activado una reforma exprés para poder salvaguardar a la todopoderosa y corrupta cúpula del Gobierno chino ante la posibilidad de que alguien inicie demandas ante las instancias internacionales por el genocidio contra la población tibetana.
En esta España donde hemos visto y padecido episodios de ignominia a manos de una justicia anquilosada, incapaz de actuar contra los grandes defraudadores de guante blanco que han dejado temblando las cuentas y la credibilidad del estado y también la que permite mediante un garantismo insultante aplicado a asesinos de distinto pelaje que las víctimas puedan ser reparadas o incluso hallar los cuerpos de las víctimas, solo nos faltaba aseverar que, en realidad, es un arma al servicio de los más poderosos, capaces no solo de usarla en su beneficio sino de poner su renqueante maquinaria a funcionar en cuestión de segundos.
Quizá sea el último peldaño de una perversión democrática, que al igual que la crisis, parece no tener fin.
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